La convivencia escolar es un requisito básico para un proceso educativo de calidad, siendo igualmente su resultado, así se viene considerando en Castilla y León, desarrollando, a partir de ello, un conjunto de actuaciones y medidas con la finalidad de conseguir un adecuado clima en los centros educativos de la Comunidad. Convivencia adecuada y calidad educativa son dos ámbitos estrechamente relacionados y necesitados del respeto y garantía de los derechos de todos los sectores de la comunidad educativa y, en especial, del profesorado, por el papel fundamental que desempeña en todo el proceso educativo.


Para que los profesores puedan realizar con éxito su tarea es preciso transmitir que, además de la autoridad que les confiere su saber, estén investidos de una autoridad institucional por ejercer la función primordial de la docencia y ser, por ello, garantes inmediatos del derecho constitucional a la educación.


La Ley de Autoridad del Profesorado, corolario de todas las actuaciones en materia de convivencia escolar que se vienen llevando a cabo en Castilla y León desde el año 2004, reconoce al profesorado como autoridad pública incluyendo los aspectos legales derivados de dicho reconocimiento y será de aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León que imparten enseñanzas no universitarias en las tareas desarrolladas por el profesorado en el interior del centro, en las actividades extraescolares y complementarias que se realicen fuera de dicho recinto, así como en las que se lleven a cabo durante la realización de otros servicios educativos como el transporte y el comedor escolar.


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